México cuenta actualmente con Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual sanciona los delitos de lavado de dinero, entre otras actividades ilícitas
Principalmente busca detectar las actividades vulnerables al lavado de dinero.
Así se evita blanquear su procedencia y así perseguir personalidades corruptas o comportamientos delictivos, que utilicen a terceros como medios para desembarazarse del dinero mal habido.
Propuesta de reforma
En el Senado de México se presentó una iniciativa de reforma de la mencionada ley.
Con ella se pretende tener en la mira las actividades realizadas por iglesias, agrupaciones religiosas, organizaciones civiles, políticos, sindicatos o todos aquellos dirigentes que sean considerados vulnerables al lavado de dinero.
De este modo se busca erradicar de nuestro sistema financiero todas aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita.
Con esto se hará un combate más efectivo contra las estructuras receptoras de las organizaciones delictivas que suelen blanquearse con este tipo de recursos.
Como es de esperarse en caso de aplicar estas medidas, muchas instituciones se verían afectadas porque develarían las cifras que reciben periódicamente de manos de sus mecenas, además de la identidad de ellos que a menudo desean ser anónimas.
Transparencia
La idea primordial es que el gobierno y el fisco estén enterados de todo el dinero que pasa por manos de los diversos organismos que operan en el país.
Cooperando con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores junto con Hacienda para concretar un cruce ante las actividades vulnerables al lavado de dinero.
Se pretende que se extiendan recibos, seguimiento de cuentas vía Fintech y muchas otras opciones de fiscalización.
Con esto se busca evitar que el crimen organizado u otras entidades desconocidas con actividades ilícitas sigan filtrando dinero negro en instituciones honorables.
